Fiscal Adjunto, Andrés Godoy, anunció que inmediatamente el Ministerio Público abrió una línea investigativa contra la empresa del trabajador por su eventual responsabilidad penal que habría significado que el imputado concurriera al lugar para colaborar, a pesar que no concluía aún su periodo de cuarentena obligatoria.
La Fiscalía Local de Tocopilla informó que formalizó ante el Juzgado de Garantía de la ciudad al imputado L.M.A.C. por la presunta autoría del delito de riesgo de propagación contra la salud pública en tiempos de pandemia (art. 318 bis Código Penal). Hecho ocurrido 11 de julio del 2020.
Al respecto, el Fiscal Adjunto, Andrés Godoy, explicó que tras su formalización el imputado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Según los antecedentes dados a conocer durante la audiencia, el hecho sucedió el pasado 11 de julio, alrededor de las 18:55 hrs., cuando el imputado L.M.A.C. se trasladaba en un bus interprovincial y fue sorprendido por personal de Carabineros (ruta B-1 km 189) viajando sin contar con permisos de desplazamiento.
El Fiscal Godoy añadió que al momento de ser fiscalizados los antecedentes del imputado, se comprobó que éste viajaba con Covid 19 positivo, sin respetar su periodo de cuarentena obligatoria en su domicilio o residencia sanitaria, que era hasta el próximo 16 de julio.
En ese sentido, el Fiscal Godoy aclaró que, “si se comprueban los hechos, el imputado arriesga, por infringir el art 318bis, una pena de cárcel de 541 día a 5 años y multa entre $1.200.00 a $12.500.000 aprox.”.
Tras este hecho, el Fiscal Adjunto Godoy informó que una línea investigativa de oficio contra la empresa del trabajador por su eventual responsabilidad penal que habría significado que el imputado tuviera que concurrir al lugar a trabajar, a pensar que no había finalizado su periodo de cuarentena obligatoria.
Cabe recordar, que tras el endurecimiento de la Ley 21.240 , el empleador que obliga a sus trabajadores en cuarentena por Covid 19, a seguir colaborando y concurrir a la empresa, arriesga una pena de cárcel de 61 días a 3 años o bien una multa entre $1 millón y $10 millones de pesos aprox. Esto más una sanción penal para la persona jurídica o empresa.
