Doscientas 22 personas con daño ocular, 41 lesionadas por disparo de bala, 964 por uso de perdigones, 410 por uso de arma de fuego no identificada, 67 por balines y 909 por golpes, gases y otros. Esas son las estadísticas que manejaba hasta ayer 18 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto al daño que se habrían ocasionado en el marco de más de 144 protestas en el país tras la crisis social y política.
Considerando esas cifras y el llamado que hizo la Organización de Naciones Unidas (ONU) para terminar con el uso de estos dispositivos, un grupo de senadores presentó un proyecto de acuerdo por medio de cual, se le solicita al Ejecutivo que mande a las Fuerzas de Orden y Seguridad el cese inmediato del uso de balines, perdigones y escopetas antidisturbios.
Los legisladores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria fueron quienes hicieron este llamado al Gobierno que deberá someterse a votación en una próxima sesión ordinaria.
En el texto los congresistas reconocen que en el marco de manifestaciones pacíficas, grupos minoritarios usan la violencia en contra de bienes públicos y privados aprovechándose de la legítima protesta social. A la vez, los legisladores calificaron como una respuesta desproporcionada la declaración de estado de excepción constitucional y toque de queda sobre la casi totalidad del territorio nacional durante una semana.
“A más de tres semanas de manifestaciones y gracias a las redes sociales y a las innumerables grabaciones se evidenciaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y de orden y seguridad (…) Las cifras de heridos de diversa consideración demuestra que las fuerzas de orden y seguridad han actuado no sólo con total desapego a la normativa internacional sobre derechos humanos, sino que desatendiendo sus propios protocolos”, se admite en el proyecto de acuerdo.
De acuerdo a estos últimos, “la fuerza deberá utilizarse de manera diferenciada y gradual para detener infractores de ley específicos o para dispersar reuniones que afecten severamente la convivencia En todos los casos se debe limitar el empleo de los medios coercitivos al mínimo necesario”.
Puntualmente, los senadores reconocen que los protocolos indican que “los funcionarios encargados de hacer cumplirla ley, en el desempeño de sus funciones, deberán utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.
En la misma línea, cabe consignar que la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a Carabineros no disparar balines contra manifestantes pacíficos y limitar uso de lacrimógenas en la ciudad, mientras se resuelve el recurso de protección presentado en contra de los policías y el Ministerio del Interior por la aplicación de dichos elementos disuasivos. La decisión fue tomada por la Primera Sala del tribunal de alzada penquista en fallo dividido, tras acoger a trámite la acción y dictar orden de no innovar.
