La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Mejillones emitió un informe solicitando la demolición de una planta de bombeo de agua marina perteneciente a la empresa Caitan y operada por la compañía Cobra, argumentando que la instalación no cuenta con la documentación necesaria que avale su funcionamiento legal. Esta planta forma parte de las operaciones de la minera Spence, subsidiaria de la multinacional BHP.
De acuerdo al medio el Mostrador, en una sesión extraordinaria del concejo municipal, convocada por el alcalde Marcelino Carvajal, se trató exclusivamente la situación de esta estación de bombeo, la cual se encuentra en un terreno fiscal y carece de permisos de edificación. Además, la planta excede el tamaño estipulado por la resolución de calificación ambiental, que autoriza un máximo de 150 m2, mientras que en la realidad triplica esa medida.
El informe también señala que las empresas codemandadas –Caitan, Cobra y Spence– no resolvieron las condiciones de riesgo que implicaban las operaciones continuas de las bombas, lo que puso en peligro la vida de un trabajador. Este hecho se evidenció en una demanda por indemnización de perjuicios presentada tras el fallecimiento de un empleado de la empresa Premar. Las medidas de seguridad insuficientes y el afán de evitar pérdidas superiores a 10 millones de dólares agravaron la situación.
El alcalde Carvajal afirmó: “Ellos se pasaron de listos… nosotros tenemos que tomar otras medidas, orden de demolición o, en última instancia, la paralización del bombeo de agua”. Asimismo, señaló que la empresa ha recurrido a la Ley de Lobby tras las acciones legales municipales, a lo que Carvajal respondió que “no vamos a hablar con la empresa, sino que vamos a proceder con lo que corresponde a la parte legal”.
Se espera que el decreto de demolición sea firmado la próxima semana, estableciendo los plazos y procedimientos correspondientes. En caso de no presentar recursos judiciales, las empresas deberán cumplir con la demolición y afrontar las sanciones económicas pertinentes.
Este conflicto se intensificó tras una investigación de la Unidad de Investigación de El Mostrador, que destapó irregularidades en la construcción de la planta desaladora, evidenciando una vulneración del Plan Regulador Comunal que prohíbe edificaciones de este tipo en el borde costero.
