Fiscal Jefe, Cristian Aguilar Aranela, explicó que el imputado J.F.P. le habría comprado al menos 8 permisos únicos colectivos (salvoconductos) al imputado E.H.T.C, quien fue formalizado, el pasado 05 de agosto, por los delitos de uso malicioso de instrumento público falso, perjurios e infracciones al art. 318 del Código Penal. Asimismo, el Fiscal Aguilar destacó el trabajo conjunto con OS9 de Carabineros y aseguró que seguirán investigando a los beneficiarios de los salvoconductos.
La Fiscalía Local de Antofagasta informó que formalizó ante el Juzgado de Garantía de la ciudad al imputado J.F.P, de nacionalidad venezolana (39 años) por la presunta autoría de los delitos reiterados de uso malicioso de instrumento público falso e infracción a la regulación sanitaria del art. 318., en grado consumado. Hecho ocurrido entre abril y julio del 2020.
Al respecto, el Fiscal Jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, comentó que tras su formalización, el imputado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total, tras la solicitud realizada por el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantía de la ciudad.
Asimismo, el Fiscal Aguilar subrayó que el imputado J.F.P. le habría comprado permisos únicos colectivos al imputado E.H.T.C, quien fue formalizado, el pasado 05 de agosto, por los delitos de uso malicioso de instrumento público falso, perjurios e infracciones al art. 318 del Código Penal.
Asimismo, el Fiscal Aguilar destacó el trabajo conjunto con OS9 de Carabineros y añadió que seguirán investigando a los beneficiarios de los salvoconductos.
Según los antecedentes presentados durante la audiencia, el hecho sucedió entre los meses de abril y julio del presente año, cuando el imputado J.F.P. habría adquirido con $20 mil pesos, al menos 8 permisos únicos colectivos al imputado E.H.T.C.(de nacionalidad chilena), otorgados en la página Comisaría Virtual de Carabineros.
Cabe precisar, que los salvoconductos que utilizó J.F.P. eran falsos, debido a que el imputado E.H.T.C los obtenía diciendo que era representante legal de una empresa de ingeniería.
Tras solicitud de la Fiscalía, el Tribunal de Garantía, fijó un plazo de investigación de 118 días.
