El presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jaime Rojas, el fiscal regional, Alberto Ayala, y el defensor local jefe de Calama, Hernán Díaz, encabezarán la cita con representantes de 18 comunidades indígenas de San Pedro de Atacama, a quienes expondrán sobre el proyecto de instalar un Centro de Justicia en la comuna
El próximo jueves 25 de mayo se llevará a cabo la primera reunión informativa con representantes de los pueblos originarios y de la comunidad de San Pedro de Atacama sobre el proyecto que busca crear un centro de justicia en dicha comuna. La instancia fue convocada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, junto al Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, instituciones que están trabajando coordinadamente para lograr la concreción del centro.
La iniciativa tiene por objeto la creación de un tribunal con competencia común, además de instalaciones para Fiscalía y Defensoría, todas en un mismo sector. Actualmente el proyecto está en manos del Ministerio de Justicia, y contempla el traslado del actual tribunal de la comuna de María Elena a San Pedro de Atacama, ante el mayor número de población de San Pedro, y el alto número de causas que ingresan a tribunales en Calama provenientes de la comuna fronteriza.
Según explicó el presidente de la Corte de Apelaciones, Jaime Rojas Mundaca, actualmente el 25% aproximadamente de las causas civiles que ven los tres juzgados de Calama, son de San Pedro de Atacama, y en materia de familia y penal, los ingresos se han duplicado durante este 2023.
“Hoy San Pedro de Atacama es una comuna con mayor número de conflictos judiciales que María Elena, y la proyección es que estas cifras sigan aumentando. De ahí la necesidad de contar con un centro de justicia en este territorio, que garantice el acceso a la justicia de todos los habitantes de esta comuna”, destacó el ministro. Agregando que la convocatoria busca “mostrar a las comunidades el trabajo que estamos desarrollando en conjunto para lograr la instalación de este centro de justicia, además de todas las implicancias que tendría para la comunidad que esto se materialice”, expresó el presidente de la Corte de Antofagasta.
Las palabras del ministro Rojas fueron refrendadas por el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala Gutiérrez, quien explicó que es importante que los usuarios y usuarias de San Pedro de Atacama y comunidades cercanas tengan acceso directo y permanente a la justicia y a todas las instituciones que trabajan en el área.
“Como Ministerio Público estamos muy interesados en que esta medida se concrete, y que en San Pedro de Atacama tengamos un centro de justicia que atienda las diversas necesidades de la comunidad, por cierto, con una Fiscalía y dotación especialmente asignada que pueda accionar ante tales requerimientos de manera eficiente y conectada con ese territorio”, indicó.
De igual forma, la Defensoría Penal expuso la relevancia que tiene contar con la aprobación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones ya que este tipo de acciones sólo pretenden facilitar el acceso a la justicia de las comunidades y contribuir a un desempeño de las instituciones en la zona.
“Este es un proceso que debemos desarrollar con y para las comunidades, teniendo en cuenta sus preocupaciones y necesidades, respetuosos de sus tradiciones y la cosmovisión que los pueblos originarios tienen de la aplicación de justicia, llegando a consensos y planteándoles la utilidad que representa contar con los servicios en su propio territorio”, destacó el defensor Hernán Díaz, quien además es el coordinador de la defensa especializada en indígenas de la Defensoría Regional de Antofagasta.
Gestiones previas
El trabajo coordinado entre las instituciones intervinientes en procesos judiciales de distinta naturaleza, se inició en el mes de abril con una reunión convocada por la Corte de Apelaciones para exponer a la Fiscalía Regional, la Defensoría y la Corporación de Asistencia Judicial la urgencia de aunar esfuerzo en la elaboración de un proyecto común y que responda a las necesidades de las instituciones y la comunidad.
A partir de ello, se sucedieron un encuentro con los Parlamentarios de la región para presentarles el proyecto y las estadísticas que hacen necesario el traslado del tribunal de María Elena a San Pedro de Atacama. Posteriormente, los representantes de los órganos promotores de la iniciativa, se reunieron también con el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, quien indicó que “el ver todas las energías puestas en llevar adelante esta iniciativa, nos pone muy contentos, y por supuesto nos sumamos como municipio a todos estos esfuerzos para poder hacer realidad, en el más breve plazo, esta iniciativa”.
El alcalde se sumará también a la convocatoria del día jueves 25 con las comunidades indígenas y se desarrollará conjuntamente una Plaza de Atención ciudadana que contará con la presencia de los servicios de justicia.
