En condiciones de ser promulgado como Ley de la República quedo el denominado proyecto “Bono Covid-19” que apoya a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas, por el impacto económico que está generando la pandemia del virus Covid-19 (Boletín N° 13337-05).
Ello, luego que la Sala del Senado ratificara por 31 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones ratificara el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas cámaras y que estaban centrada en el monto y el universo de beneficiarios del bono.
De esta manera, se amplió el número de beneficiarios de 2 millones de personas del Subsidio Familiar (SUF) y del Subsistema Seguridades y Oportunidades a unas 670.000 personas más del 60% más vulnerable de la población, que no posean cargas familiares y que sean a la fecha beneficiarias de subsidios del Estado.
De esta forma se aumentó el gasto fiscal en US$43 millones, dejando el monto final en US$170 millones. Asimismo, se suscribió un protocolo donde el Ejecutivo se comprometió a dar una cuenta de la evolución de las medidas y de la necesidad de contar con nuevos aportes, en el marco de una crisis global y de insospechadas dimensiones.
Hicieron uso de la palabra -tanto de manera presencial como vía teleconferencia- los senadores Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Carlos Montes, Ximena Rincón, Manuel José Ossandon, Álvaro Elizalde, Rabindranath Quinteros, José García Ruminot, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira, Felipe Kast, Juan Ignacio Latorre, Juan Castro, Juan Antonio Coloma, Felipe Harboe, Víctor Pérez Varela, Isabel Allende, José Miguel Durana, Alejandro Navarro, Yasna Provoste, Alfonso De Urresti, Ricardo Lagos Weber, Carolina Goic, Rodrigo Galilea, Jaqueline Van Rysselberghe, Alejandro García- Huidobro, Ena Von Baer, José Miguel Insulza, David Sandoval y Ximena Órdenes.
Durante el debate quedaron de manifiesto las distintas posturas respecto a la distribución de los recursos de este paquete de medidas, así como la necesidad de articular ‘un plan maestro’ que contenga una serie de iniciativas más audaces y con una agenda coordinada para ir en ayuda de las miles de familias que se verán afectadas por la irrupción de este virus.
La mayoría de los parlamentarios estuvo por aprobar la iniciativa en el entendido que “éste será uno de los muchos bonos que tendremos que ver” a medida que evolucione la crisis sanitaria. Asimismo, coincidieron en que el llamado es: lograr amplios acuerdos y evitar las “trincheras políticas”, pues se trata de una de las contingencias más complejas a nivel global.
Senadores oficialistas valoraron el esfuerzo de la autoridad y recalcaron que “las medidas deben ser progresivas y con responsabilidad fiscal”. Pidieron también una actitud “patriota” de parte de los legisladores y advirtieron que “ojalá no se diseñe una estrategia para endosar al gobierno del Presidente Piñera todos los sufrimientos que causará en las familias chilenas esta pandemia mundial, para que nadie estaba preparado”.
Desde la oposición surgieron voces críticas frente a la voluntad del Gobierno para enfrentar esta política social y el esfuerzo fiscal del Ejecutivo pues “los recursos frescos serían solo los US$170 millones, mientras que el resto del paquete serían reasignaciones y autorización de endeudamiento”. Además, también rondó el debate el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo en torno a eximir a los empleadores a raíz del toque de queda o cuarentena, pues según el documento son considerados “hechos fortuitos o de fuerza mayor, decretados por la autoridad y responden a una situación de emergencia sanitaria”.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE APOYO?
Despejados los puntos en controversia entre ambas Cámaras, tenemos que las medidas concretas de esta iniciativa que apunta a inyectar liquidez a las familias y mipymes son las siguientes:
– Bono o subsidio de $50.000 por causante de los beneficiarios del Subsidio Único Familiar, es decir, aquellas personas que tienen bajo su cargo a menores de 18 años o personas con invalidez o mujeres embarazadas en la medida que se encuentren dentro del 60% más vulnerable. También lo recibirán beneficiarios del programa Seguridades y Oportunidades, y todos los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión”.
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– El bono será pagado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) en una sola cuota, a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley. El IPS podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas, que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del bono que crea esta ley, incluyendo al Banco Estado.
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– Se reduce transitoriamente a 0% la tasa del impuesto de Timbres y Estampillas, aplicable a las operaciones de crédito de dinero que se efectúen entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de este año. (Apunta a bajar los costos de los créditos que soliciten personas y empresas)
– Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que, en un plazo de hasta doce meses, realice un aporte extraordinario de capital a Banco Estado por un monto de hasta $500 millones de dólares (se suma a la capitalización que ya se hizo en noviembre de 2019, por el mismo monto a raíz del denominado estallido social (Ley N°21.187).
– Dentro de ese mismo plazo (1 año), se deberá informar a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, sobre el destino de los recursos y los criterios de asignación. (Esto responde a las diversas inquietudes de los parlamentarios por la mejor focalización de estos recursos puesto que varios legisladores aseguraron que no llegan a regiones y tampoco a quienes realmente los necesitan)
